El 11 de febrero de 2026, en Orizaba, Veracruz, David Estévez Gamboa, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas A.C. (ANTAC), alertó sobre un problema que ya es generalizado en carreteras federales, estatales y locales de todo el país: elementos policiales retienen unidades de carga argumentando que el operador "no cuenta con licencia", cuando en realidad sí la porta, pero en formato digital.
La SICT lanzó la Licencia Federal Digital de Conductor (LFDC) en abril de 2021 como parte de su estrategia de digitalización de trámites. Con un costo de 529 pesos y tramitable a través de la Ventanilla Única, la LFDC requiere CURP, folio médico y una aplicación móvil. Aunque las licencias plásticas vigentes conservan su validez hasta su fecha de vencimiento, la transición al formato digital ha generado un problema grave sobre el terreno.
Extorsiones de hasta 15 mil pesos por fallas en la app
El problema central no es la licencia en sí, sino la conectividad. En zonas con señal débil o nula, como los cruces fronterizos con Guatemala o Estados Unidos, la aplicación falla y el operador queda sin poder mostrar su documento. Eso basta para que algunos elementos policiacos, en distintos puntos del país, exijan el pago de entre 10 y 15 mil pesos para evitar que la unidad sea enviada al corralón.
"Hay tramos donde a los pocos metros de la frontera ya no hay señal. En ese momento el operador prácticamente se queda sin licencia", advirtió Estévez Gamboa.
Esto ocurre pese a que el artículo 50 de la Ley de Caminos y Puentes Federales establece expresamente la validez jurídica de la licencia federal digital. Es decir, la extorsión no tiene sustento legal, pero sí consecuencias reales: unidades detenidas, horas perdidas, costos operativos que se disparan y cadenas de suministro afectadas.
Acuerdo con la SICT: un oficio para las 32 entidades
Ante esta situación, ANTAC negoció directamente con la SICT y logró un acuerdo concreto: la emisión de un oficio oficial dirigido a las 32 entidades del país, instruyendo a las autoridades a no sancionar ni retener a operadores mientras se resuelve el retorno a las licencias físicas clasificadas. La propia SICT reconoció las fallas técnicas del sistema digital como parte del acuerdo.
Estévez Gamboa fue claro en sus instrucciones a los operadores: imprimir ese oficio y portarlo como respaldo en todo momento. Si una autoridad estatal o municipal, como Seguridad Pública o Tránsito, desconoce el acuerdo, el documento tiene carácter federal y debe ser respetado.
"Si un elemento insiste en retener la unidad, deberá hacerse responsable de los costos. Y si no se respeta el acuerdo, procederemos con denuncias formales", advirtió el dirigente.
Impacto operativo en el autotransporte de carga
Para el sector transportista, cada retención no es solo un trámite burocrático: es tiempo de entrega perdido, combustible extra, posibles penalizaciones contractuales y, en el caso de exportaciones, retrasos en cruces internacionales con repercusiones directas en la cadena logística nacional.
El autotransporte de carga mueve más del 55% de las mercancías en México, incluyendo carga general, especializada y productos del campo. Un operador detenido injustamente puede desencadenar una reacción en cadena que afecta a cargadores, destinatarios y, en última instancia, al consumidor final.
En este contexto, CANACAR había respaldado la LFDC desde su lanzamiento en 2021, destacando el ahorro en tiempos y costos. Sin embargo, la realidad carretera ha mostrado que la digitalización sin infraestructura de conectividad suficiente genera vulnerabilidades que terminan siendo explotadas por la corrupción.
Gira nacional y unificación del gremio
ANTAC anunció que a partir de marzo de 2026 iniciará un recorrido por las 32 entidades federativas, comenzando en Guerrero, Tlaxcala, Chihuahua, Zacatecas y Querétaro. El objetivo: unificar al gremio transportista y sumar a organizaciones del campo que enfrentan problemáticas similares en materia de inseguridad vial y corrupción.
"Vamos por la unificación del transporte y del campo mexicano. Somos sectores que mueven al país, los insumos y a la gente", afirmó Estévez Gamboa.
A corto plazo, el oficio de la SICT es un escudo temporal. A mediano plazo, la solución estructural apunta a un modelo híbrido: digital con opción de licencia física para zonas sin cobertura. Una medida que reduciría las extorsiones, agilizaría la logística nacional y daría mayor certeza a las empresas que operan bajo el T-MEC.
FAQ
ANTAC exige el regreso a licencias físicas debido a extorsiones policiacas que cobran entre 10 y 15 mil pesos a operadores por problemas con la licencia digital. Las fallas técnicas de la app, especialmente sin señal en fronteras, generan retenciones de unidades y afectan la operación del autotransporte de carga.
La LFDC es una licencia digital lanzada por la SICT en abril de 2021 para agilizar trámites. Cuesta 529 pesos, se obtiene vía Ventanilla Única, requiere CURP, folio médico y app móvil. Busca digitalizar el 60% de trámites de SICT, reducir corrupción y conectar con bases federales.
Los operadores reportan fallas de la app sin señal en fronteras como Guatemala o Estados Unidos, retenciones de unidades por policías federales, estatales y locales, y cobros de 10-15 mil pesos para evitar corralones. La versión impresa dura solo un mes y requiere reimpresión desde el mismo teléfono.
Sí, las licencias plásticas vigentes continúan siendo válidas hasta su fecha de vencimiento. El artículo 50 de la Ley de Caminos valida tanto la licencia digital como la física, aunque persisten abusos policiales pese a la regulación.
Fuentes
https://thelogisticsworld.com/transporte/como-obtener-la-licencia-federal-digital-de-la-sct/
https://www.tiempo.com.mx/local/sict-simplificacion-tramites-transportistas-diciembre-2025/